Exposición de motivos.

En la España actual la Educación es un Derecho reconocido en nuestra Constitución que debe ser satisfecho desde el ámbito de lo público. En las últimas reformas educativas realizadas en la democracia, a partir de la LODE y sus desarrollos posteriores, de manera obligatoria o en la práctica obligada, se ha ampliado la edad en la que nuestros hijos e hijas se incorporan al sistema educativo. Hace años que la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. Pero lo cierto es que hoy día esa edad se ha ampliado en la práctica al período comprendido entre los 3 y los 5 años. Es la etapa conocida como Educación Infantil. De hecho, cualquier pedagogo y docente sabe perfectamente que esta edad es clave en la formación posterior de nuestros hijos y es por eso por lo que las Administraciones públicas educativas han hecho un esfuerzo por adaptar y construir aularios específicos para estas edades, así como dotarlas del personal necesario con la suficiente cualificación.

Además, con la realidad laboral que las clases trabajadoras están padeciendo, esta necesidad de incorporar a nuestros hijos e hijas al sistema educativo desde edades tan tempranas no es sólo una cuestión pedagógica, sino también una necesidad imperiosa de las familias que no pueden atender a sus hijos e hijas porque los dos progenitores se encuentran trabajando. El modelo de familia en nuestro país ha cambiado y la realidad que deben atender y satisfacer nuestras instituciones públicas también debe hacerlo.

Hace algunas décadas la mujer no se había incorporado al mercado de trabajo como sí lo ha hecho hoy día. Esto obliga a nuestros Ayuntamientos a realizar un esfuerzo para suplir desde lo público ese papel que antes se reservaba a la mujer. Para facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y para desarrollar políticas de igualdad no sólo bastan las buenas palabras. Estas deben acompañarse de hechos y de materializarse en acciones concretas y prácticas que le resuelvan a los ciudadanas y ciudadanos los problemas que les surgen cada día.

En este contexto, se hace necesario que nuestro Ayuntamiento asuma su papel y de una respuesta inmediata a la necesidad que tienen muchas madres y padres de nuestra ciudad que se encuentran en esa situación. Es decir, que ambos están desarrollando su labor profesional en las horas en las que sus hijos e hijas acuden al los centros escolares. El problema se plantea sobre todo en el momento en el que en la etapa de infantil algunos de los alumnos sufre algún tipo de percance (se orinan, defecan, se ponen enfermos, se manchan, se hieren, etc.), algo por otra parte muy habitual en estas edades de exploración y conocimiento de la realidad que les rodea. En esos momentos, como los docentes no están obligados por ley a resolver esos problemas y porque en el caso de hacerlo podrían poner en peligro al resto de los alumnos y alumnas, la solución que se adopta es la de llamar a los padres para que recojan a sus hijos o hijas. Este supone un problema económico y laboral para muchas familias, sobre todo de aquellas que no tienen a ningún familiar cercano que pueda asumir esta tarea. Desde la Consejería de Educación no se resuelve este problema por no plantearse en una etapa obligatoria y por lo tanto no destinan los recursos necesarios para contratar al personal auxiliar necesario por cada centro que se encargase de estas tareas.

Lo cierto es que desde los distintos colectivos de madres y padres así como de estos a nivel particular se están demandando que desde cualquier Administración se resuelva este problema. Como es lógico, la Administración más cercana es la municipal y como ella tiene programas que inciden en los Colegios, (los primeros del cole, actividades deportivas, jornada ampliada por las tardes, etc.) no es extraño que se le demande a nuestro Ayuntamiento que resuelva este problema contratando al personal auxiliar necesario para cubrir la demanda de todos los colegios públicos de Aranjuez.

Por otro lado, en los últimos años hemos visto como en Ayuntamientos de nuestro entorno estos han asumido esta tarea de diferentes formas. En el de Valdemoro se ha contratado a un auxiliar por centro y en Ciempozuelos también se ofrece este servicio con una persona encargada de asumir esta tarea. Estos recursos económicos se pueden obtener de muy diferentes formas, colaborando con el INEM, con al programa AMPLIA, con los fondos del Programa de Extensión Educativa, etc.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Agrupación LOCAL de Aranjuez del PCE y LA CANDIDATURA COMUNISTA PARA EL PROGRESO DE ARANJUEZ (ccpa), EN CUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS PUNTOS DEL PROGRAMA ELECTORAL CON EL QUE CONCURRIÓ A LAS PASADAS ELECCIONES MUNICIPALES, solicitaN del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento Y A TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES que propongaN la siguiente moción al Pleno del mismo:

• Que de forma inmediata y urgente se inste al equipo de gobierno para que inicie los trámites pertinentes para contratar al personal auxiliar necesario a fin de atender las necesidades de los niños y niñas de 3 a 6 años escolarizados en los centros docentes públicos.

• Que se busque la financiación necesaria para atender esta petición solicitando fondos y ayudas a los gobiernos europeo, nacional y autonómico.

• Que en cualquier caso este proyecto se lleve a cabo aunque sea destinando el ayuntamiento una partida de sus propios fondos.

• Que este programa se ponga en marcha de manera inmediata en el presente curso escolar 2007/2008.

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CONSIDERACIONES PREVIAS: Propuesta de moción para aprobar una Declaración por parte del Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez para que se sume al Proceso Constituyente por la III República, puesto en marcha por diferentes Ayuntamientos de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Madrid,… de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Local y el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Administraciones Locales, la Agrupación Local del PCE en Aranjuez y la Candidatura Progresista para el Progreso de Aranjuez (CCPA) solicitan de los grupos municipales con presencia institucional en nuestra corporación (PSOE, PP, ACIPA) que eleven a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Aranjuez la siguiente moción:

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MOCIÓN A FAVOR DE LA

SANIDAD

PUBLICA Y POR LA

DEROGACIÓN DE LA

LEY 15/97

Aranjuez, 7 de octubre de 2009.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Propuesta de moción para aprobar en el Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez una petición a instancias de la Agrupación Local del PCE en Aranjuez y de la Candidatura Comunista para el Progreso de Aranjuez (CCPA). La Agrupación Local del PCE en Aranjuez y la Candidatura Progresista para el Progreso de Aranjuez (CCPA) solicitan de los grupos municipales con presencia institucional en nuestra corporación (PSOE, PP, ACIPA y al Concejal no Adscrito) que eleven a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Aranjuez una moción pidiendo al Parlamento del Estado la derogación de la Ley 15/97 por ser ésta la base para la privatización de la Sanidad:

A LA CUDADANÍA - A LA OPINIÓN PÚBLICA

Exposición de motivos:

Nuestra Constitución, aprobada en el año 1978, establece en su Artículo 43, 1. “el derecho a la protección de la salud”. Bien entendida esta medida supone que la salud es un derecho constitucional y por lo tanto son los poderes públicos los que tienen que garantizar su efectiva prestación, así como el que ésta prestación sea igual para todos, con las mayores garantías y en las mejores condiciones.

Cuando se aprobó la Constitución nos encontrábamos con un Sistema Sanitario injusto e insolidario, ya que eran los que tenían más recursos los únicos que disfrutaban de una atención sanitaria digna. Muchos ciudadanos y ciudadanas se veían obligados a utilizar servicios privados si querían tener una atención sanitaria adecuada. Esto cambió con los modelos de gestión puestos en marcha en los primeros años de la democracia, en los que para atender a lo que demandaba la Constitución se estableció un sistema público de atención sanitaria que ha llegado a ser considerado el mejor del mundo. Un sistema público que garantizaba la prestación de todos los servicios necesarios a toda la ciudadanía sin importar ni tener en cuenta ningún tipo de discriminación por razones de nacimiento, raza, sexos, religión, opinión, recursos económicos,…

Todo se organizó a partir de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que reconoce en su Título IV, Capítulo II, el papel de las entidades sanitarias privadas de cara a cubrir las necesidades del sistema nacional de sanidad. Así, en su artículo 90 establece que:

1. “las Administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. A tales efectos, las distintas Administraciones públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización optima de sus recursos sanitarios propios.

2. A los efectos de establecimiento de conciertos, las Administraciones públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo.

Es decir, se reconocía la posibilidad de realizar prestación sanitaria de la seguridad social al cargo de empresas privadas, pero solo con carácter accesorio y tras optimizar previamente los recursos públicos. Además, la posibilidad de concertar con empresas privadas algunos servicios debía de priorizar antes las no lucrativas respecto a las lucrativas.

Se trataba en definitiva de garantizar la atención sanitaria desde el ámbito de lo público para todos ciudadanos, entendiendo que la salud y la atención sanitaria son derechos y servicios públicos que no deben de ser objeto de mercadeo. Se trataba de no hacer de la salud y de la atención sanitaria pública un negocio. Primaba el concepto de derecho sobre el concepto de negocio y por lo tanto, primaba el garantizar la salud de los españoles por encima de los intereses económicos de unos pocos empresarios.

Sin embargo, en 1997 el Parlamento estatal aprobó la Ley 15 /97 de “Nuevas Formas de Gestión” , que en su artículo único establecía: “en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”.

Esta modificación de la Ley general de Sanidad es la que ha permitido la entrada de empresas privadas con ánimo de lucro en el Sistema Nacional de Salud, y más específicamente en el SERMAS, llegando a la situación actual, en la que los hospitales de nueva creación de la Comunidad de Madrid, por primera vez, dejan de ser públicos (tanto en el modelo de concesión de obra pública como en el de concesión administrativa), pasando a ser de propiedad y titularidad privadas, convirtiendo la sanidad pública en un suculento negocio, sin riesgo alguno para los inversores privados.

Tarde o temprano, estas transformaciones van a tener graves repercusiones para los sectores más desfavorecidos de población ya que, según diferentes estudios internacionales, los hospitales privados (CON ÁNIMO DE LUCRO) tienen tasas de mortalidad superiores a los públicos (NO LUCRATIVOS). La sanidad madrileña, tal como la conocemos, está en grave peligro, y su tratamiento requiere ir a la causa del problema, no quedarse en los síntomas. Se trata de importar para España los modelos sanitarios de EEUU y del Reino Unido, los más insolidarios, injustos y deficientes del planeta. En estos países sólo los que tienen mucho dinero disponen de la atención sanitaria adecuada.

Se trata fundamentalmente de la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión”, aprobada con los votos del PP y del PSOE, además de CIU y PNV.

La sanidad pública, aún con sus deficiencias y listas de espera, es vital para garantizar una atención sanitaria con equidad a la población. Su desmantelamiento tendrá repercusiones muy negativas para aquellos sectores de población más desfavorecidos, justo aquellos que no disponen de capacidad económica para suscribir un seguro privado.

Además, cualquier economista, y cualquiera que sepa sumar, se dará cuenta que prestando la misma atención sanitaria y en las misma instalaciones, contratando al mismo personal y pagando lo mismo, invirtiendo lo mismo en medicamentos, limpieza, instrumental, etc.; lo privado siempre saldrá más caro, puesto que a todos esos gastos habrá que sumar los beneficios que desee obtener el empresario. Por lo tanto, además del argumento alusivo a una peor atención sanitaria con un importante aumento de la mortalidad en los sistemas de atención sanitaria privados, nos encontramos con otro de índole económica y es que la atención sanitaria privada resulta mucho más cara. Es decir, cuestan mucho más a las arcas públicas y su calidad es infinitamente menor.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Agrupación Local del PCE en Aranjuez y CCPA presentan a todos los grupos políticos de la Corporación Local de Aranjuez para que presenten y defiendan en el Pleno la siguiente:

MOCIÓN

1.- Solicitar al Parlamento estatal la derogación de la ley 15/97

2.- Instar a Comunidad de Madrid a que paralice la contrarreforma sanitaria que está llevando a cabo, dado que la evidencia científica internacional establece que los modelos de gestión privados tienen peores indicadores de calidad que los públicos (no lucrativos) y a la larga son mucho más costosos.

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Aranjuez, 27 de octubre de 2008

CONSIDERACIONES PREVIAS: Propuesta de moción para aprobar un Plan de Movilidad realizado a instancias de la Agrupación Local del PCE en Aranjuez por parte del Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez. La Agrupación Local del PCE en Aranjuez y la Candidatura Progresista para el Progreso de Aranjuez (CCPA) solicitan de los grupos municipales con presencia institucional en nuestra corporación (PSOE, PP, ACIPA) que eleven a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Aranjuez el Plan de Movilidad adjunto:

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